El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el Marco Estratégico en Política Pyme 2030, junto a un paquete de medidas por un importe total de 456,1 millones de euros para impulsar el crecimiento y la internacionalización de las pymes, y a un programa de ayudas de eficiencia energética.Del importe total de la batería de ayudas anuales de 456 millones que lanzará el Gobierno, un total de 98,5 millones de euros corresponden a tres líneas de la empresa pública Enisa para la expansión de negocio y mejora de competitividad y proyectos de empresas de base tecnológica y jóvenes emprendedores, mientras que otros 50 millones dan apoyo financiero a las pymes en su internacionalización.
El mayor importe (307 millones de euros) se destinará a un programa de ayudas de eficiencia energética, que será gestionado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica.
Durante la rueda de presa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha destacado que el nuevo marco estratégico para las pymes busca afrontar con éxito retos como la digitalización, la sostenibilidad y la internacionalización para el sector de las pymes, y se marca como objetivos aumentar el tamaño, la internacionalización y la competitividad de las pequeñas y medianas empresas.
“España es un país de pymes”, ha indicado Maroto, quien ha indicado que nueve de cada diez empresas son pymes, tienen una alta concentración de empleo y más de la mitad son micropymes, puesto que un 54% son unipersonales y no tienen asalariados.
En comparativa europea, la empresa española cuenta de media con 4,5 trabajadores frente a los 11,7 de Alemania, lo que “resta productividad”, ha citado a modo de ejemplo Maroto, quien ha resaltado también que la pyme española se concentra sobre todo en el sector servicios y en un 50% se concentra en tres comunidades autónomas.
Ayudas para el tamaño y la internacionalización
Las ayudas de 98,5 millones a través de Enisa y los 50 millones con cargo al fondo del FIEM son un paquete de ayudas para eliminar “trabas en el crecimiento, la internacionalización de las empresas y favorecer el aumento del tamaño de las empresas”, con una apuesta también por la sostenibilidad. Con ello el Gobierno estima que se crearán 1.600 empleos directos y se movilizarán 220 millones de inversión.
En detalle, los 98,5 millones en préstamos participativos aprobados dan apoyo financiero a emprendedores y pymes con proyectos innovadores y se dividen tres líneas: Línea Pyme (57,5 millones) para proyectos de expansión de negocio y mejora de competitividad; Línea Empresas Base Tecnológica (20, millones) y otra Línea Jóvenes Emprendedores (20,5 millones).
Los 98,5 millones a través de Enisa forman parte del marco estratégico de la pyme y se destinarán a la financiación de pymes y emprendedores, a través de los préstamos participativos que gestiona Enisa y darán cobertura a cerca de 600 proyectos empresariales, que conllevarán una inversión inducida de unos 214 millones de euros.Los préstamos participativos se distribuirán entre las diferentes líneas de financiación destinadas a jóvenes emprendedores, emprendedores y pymes, sin exigir más garantías que las del propio proyecto empresarial y un equipo gestor solvente, con importes desde 25.000 euros a 1,5 millones de euros.
En 2018 el número de operaciones aprobadas a través de estas líneas fue de 534, con una inversión de 74,5 millones de euros. La cartera histórica de Enisa asciende a más de 5.900 préstamos desembolsados por un importe de más de 910 millones de euros, según ha informado la empresa pública adscrita al Ministerio de Industria.
Eficiencia energética
En el marco de este plan estratégico de políticas orientadas a la Pyme, el Gobierno, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, también ha aprobado un plan de ayudas para impulsar la eficiencia energética en el sector industrial por más de 307 millones de euros.
Este plan contempla ayudas para actuaciones de mejora de la eficiencia energética y reducción del consumo de energía final en pymes y grandes empresas del sector industrial, que representan el 25% del consumo final de energía del Estado. El importe de dichas ayudas asciende a 307,64 millones de euros, procedentes del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que se nutre con aportaciones de las empresas energéticas, y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).
Para la ministra, se trata de un conjunto de medidas “que alinean al sector público con el privado, además de con todos los ministerios”, con el fin de dotar a la industria española de instrumentos para su desarrollo en el ámbito energético.
En concreto, las acciones que serán financiables por este programa, coordinado por el IDEA y que será gestionado directamente por las comunidades y ciudades autónomas, deben ir destinadas a la mejora de la tecnología en equipos y procesos industriales o la implantación de sistemas de gestión energética.
Reparto territorial
Las comunidades y ciudades autónomas deberán publicar convocatorias en sus respectivos territorios para el reparto de los importes que tienen asignados y que fueron consensuados previamente con el Gobierno en la Conferencia Sectorial de Energía, celebrada el pasado 25 de febrero.
La mayor partida tendrá sed destinará a Andalucía, con 73,8 millones; seguido de Cataluña (49,5 millones), Castilla y León (32,4 millones), Comunidad Valencia (31,2 millones), Comunidad de Madrid (23,7 millones) y Región de Murcia (21,8 millones).
Este es el tercer programa de ayudas de este tipo, tras las convocatorias de 2015 y 2018, que tuvieron una dotación conjunta de 283 millones y han financiado a más de 1.000 proyectos.
Marco estratégico: reducir trabas y morosidad
El paquete de medidas se encuadra en el marco estratégico, formado por siete palancas y 50 actuaciones, que aborda aspectos como el emprendimiento, la gestión empresarial y talento, el marco regulatorio, la financiación, innovación, digitalización, sostenibilidad e internacionalización.
Entre otros aspectos, Maroto ha destacado que se trabajará para reducir trabas al crecimiento de las empresas y se dotará de mejores mecanismos para reducir la morosidad en el pago, ya que la ley de pago a proveedores “no se está cumpliendo”.
Además, se fomentará el acceso de la pyme a la contratación pública, una mayor gama de instrumentos financieros y alternativos al crédito bancario, y se creará una ventanilla única de financiación.
El Consejo Estatal de la Pyme se encargará del seguimiento y la propuesta de medidas de este margo estratégico, para lo que se crearán grupos de trabajo, así como una oficina de seguimiento y el consejo asesor de pyme para la toma de decisiones.
