El pasado 12 de mayo entraba en vigor el nuevo registro de jornada, impulsado por el Gobierno. Desde la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX), y desde todos los representantes del empresariado español, se advirtió de que esta obligación no aportaría nada positivo, y solo incrementaría la confusión, la conflictividad y la burocracia, repercutiendo lesivamente en la productividad de las empresas y en los costes laborales.
“No se nos escuchó, ni a la hora de elaborar la norma ni a la hora de implementarla, y, lamentablemente, los hechos nos están dando la razón”, ha señalado Javier Peinado, secretario general de la CREEX.
Estos hechos, transformados en datos, son claros: durante 2018 (sin la norma en vigor que pretendidamente erradicaría la prolongación injusta de la jornada laboral) las horas extra remuneradas sumaron en España 166 millones, con un incremento del 13% respecto al año anterior. Mientras, las horas extra no pagadas apenas subían un 3,4%.
¿Qué ha ocurrido desde la entrada en vigor de la norma de registro de jornada? Justo lo contario: mientras las horas extra remuneradas apenas han subido un 2,15% en el segundo trimestre de 2019 (con la norma en vigor) respecto al primer trimestre del mismo año (cuando aún no se había implantado el registro).
Para Peinado la conclusión es clara: “intentaron matar moscas a cañonazos, con una decisión precipitada, sin consenso y sin diálogo social, y los resultados se han vuelto en contra”. Pero, por encima de todo, el secretario general de la organización representativa del tejido productivo extremeño hace otra reflexión: “¿para qué ha servido generar inseguridad, conflictividad y burocracia en las empresas, especialmente en las más pequeñas, las micropymes y autónomos, que es lo que tenemos en Extremadura? La respuesta es clara: para nada, o aún peor para aumentar sus costes fijos”.
El dirigente empresarial ha añadido que la falta de concreción respecto a cómo había que controlar los horarios, la imposibilidad de cumplir en los casos donde no existiese un centro de trabajo en el que se realice la actividad, las dudas sobre el conteo de los tiempos de descanso o los traslados, y la falta de un sistema de registro homogéneo “han acarreado, como anunciamos, problemas para las pequeñas empresas: que no saben qué tienen que hacer para evitar las sanciones; judicialización de las relaciones laborales, al surgir discrepancias entre empresa y trabajador sobre cómo se contabiliza la jornada; tensionar la negociación colectiva; y una carga administrativa no productiva para el empresario que perjudica la competitividad”.
Peinado ha señalado que “aunque no se nos escuche, seguiremos pidiendo que se derogue esta norma y se acuerde una nueva consensuada en las mesas de diálogo social, una que sea viable y eficaz, no lo que tenemos ahora, que plantea muchos problemas y ni un resultado positivo”.
