El presidente del Instituto de Estudios Económicos y de la Comisión de Economía de CEOE, Íñigo Fernández de Mesa, y el director general del IEE, Gregorio Izquierdo, han presentado un informe dedicado a la deuda pública en España, en el que se recoge el elevado nivel de endeudamiento de nuestro país, situado en el 97,6% del PIB en el año 2018. Fernández de Mesa ha reforzado ideas que ya en su día manifestó en uno de los Encuentros Empresariales 3E+ de la CREEX en el cual participó.
El documento pone de manifiesto que, a pesar de que la economía se ha expandido en los últimos años a ritmos muy superiores a su crecimiento potencial, un 3% de media anual, entre los años 2015 y 2018, aún no se han corregido los desequilibrios fiscales de manera contundente.
El nivel de deuda pública afecta al crecimiento económico de forma no lineal, desencadenándose sus efectos negativos a partir de un determinado umbral. Así, un elevado grado de apalancamiento por parte del sector público vuelve a la economía más vulnerable ante shocks adversos, reduce el margen para llevar a cabo una respuesta de política fiscal contracíclica y aumenta la incertidumbre sobre el pago de la deuda, amén de que puede desplazar al sector privado del acceso a financiación y modificar el comportamiento de los agentes económicos si estos anticipan futuras subidas de impuestos. Además, los Estados se ven obligados a destinar una parte relevante de sus ingresos al pago de intereses. España destina más del 6% de sus ingresos presupuestarios a la partida ‘servicio de la deuda nacional’.
El hecho de pertenecer a la eurozona y el estar bajo el paraguas del BCE y del euro, junto con la actual coyuntura de tipos de interés, y con políticas monetarias muy laxas, como es la compra de deuda pública por parte del propio BCE, está enmascarando algunos riesgos. Estas medidas de la autoridad monetaria de mantener los tipos en mínimos históricos y la sistemática compra de deuda pública han llevado el coste del endeudamiento en los países del euro también a sus niveles más bajos, aparentemente sin tener en consideración los fundamentales de la economía de cada país. De hecho, España está emitiendo deuda nueva con rentabilidades negativas para vencimientos a cinco años e inferiores, lo que no deja de ser una situación anómala que se revertirá con el tiempo en cuanto el BCE comience a normalizar su política monetaria.
Durante estos años, los Gobiernos han desatendido la adopción de las reformas estructurales y medidas necesarias para acometer la reducción de nuestra deuda. Se ha perdido una oportunidad única para corregir los desequilibrios presupuestarios y atajar el problema del excesivo endeudamiento. Es más, ha sido al contrario, se ha confiado todo al crecimiento y a la laxitud de la política monetaria, y se ha descuidado la consolidación presupuestaria. Pero no podemos perder de vista que la política monetaria no convencional está diseñada para una situación extraordinaria y no puede durar por siempre. Por lejano que pueda parecer ahora el proceso de normalización del BCE, este llegará. Se debe mirar a largo plazo y recuperar los principios de la ortodoxia económica, dándole un impulso adicional a la consolidación fiscal para lograr, por fin, una senda creíble y consistente de superávits, aprovechando que el ciclo todavía mantiene un tono positivo. De lo contrario, el próximo ciclo bajista nos llegará en una posición vulnerable, sin munición monetaria, ni tampoco fiscal.
Los factores que influyen en la sostenibilidad de la deuda son, fundamentalmente, el crecimiento económico, el coste de la deuda, el stock de dicha deuda y el saldo fiscal primario. A partir de ellos se pueden concretar aquellos factores endógenos sobre los que un país sin soberanía monetaria tiene capacidad de influir para mejorar la sostenibilidad de la deuda, que son, esencialmente, la prima de riesgo, el crecimiento económico y el saldo fiscal. El crecimiento potencial precisa de reformas estructurales que afecten a los mercados de factores y productos, en especial en un contexto, como el de la economía española, de baja productividad y envejecimiento demográfico. La reducción del déficit estructural requerirá de una adecuada consolidación presupuestaria, mientras que la prima de riesgo tiende a experimentar tensiones cuando el clima institucional y regulatorio no es estable y predecible. Además, estos factores están, a su vez, interrelacionados. Por ejemplo, cabe destacar que una mejora en el crecimiento potencial debido a la realización de las reformas apropiadas puede contribuir a reducir el déficit.
Según la evidencia reciente de nuestro entorno y de los últimos estudios, los procesos de consolidación fiscal que se realizan a través de la mejora de la eficiencia del gasto público y mediante la contención del gasto son menos lesivos para el crecimiento de la economía y del empleo, y se perciben durante mucho menos tiempo, que cuando la consolidación fiscal se acomete por la vía del incremento de los impuestos, lo que tiene una mayor incidencia negativa sobre la inversión privada y la confianza de los agentes, extendiéndose sus efectos negativos durante varios años. Además, dentro de esta contención del gasto público, existe un holgado margen para mejorar la eficiencia del mismo y equipararnos con las mejores prácticas dentro de los sectores públicos internacionales, lo que puede contribuir a un ahorro fiscal compatible con el mantenimiento de la calidad de los servicios.
Día de la Deuda
Por otro lado, este documento recoge la adaptación realizada por el Instituto de Estudios Económicos para España del informe sobre el estado de las cuentas públicas en los veintiocho países de la Unión Europea, que realiza anualmente el Institut Économique Molinari. Bajo el título del Día de la Deuda, el informe señala que el 9 de diciembre es la fecha en la que los ingresos públicos terminan de poder financiar el gasto público en nuestro país, y a partir de esta fecha el gasto público debe financiarse vía déficit público, con el consiguiente incremento de la deuda pública.
El cálculo del Día de la Deuda para 2018, realizado con datos de Eurostat, muestra que el saldo presupuestario negativo más abultado de la UE fue el cosechado por Chipre (24 de noviembre). El segundo puesto es para Rumanía (30 de noviembre), mientras que España cierra el top tres, puesto con el que los ingresos de nuestras AA.PP. financian apenas el gasto público realizado del 1 de enero al 9 de diciembre. Once países de la UE-28, a pesar de tener déficit, presentan un mejor cuadro presupuestario que España, mientras que los otros catorce consiguen un saldo presupuestario positivo; es decir, un superávit fiscal que les permitió financiar todo el gasto público de 2018 con los recursos logrados ese mismo año, ingresos que fueron suficientes para pagar parte del gasto de 2019.
