El Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha presentado su informe de Coyuntura Económica número 71, elaborado a partir de las conclusiones obtenidas en la reunión celebrada el 28 de noviembre, en la que participaron destacados economistas del sector privado y de la Universidad. El documento se analizó ayer en la reunión de la Comisión de Economía y Política Financiera de CEOE, en la que participó el secretario general de la CREEX, Francisco Javier Peinado.
El informe presentado por Íñigo Fernández de Mesa, presidente del IEE, y Gregorio Izquierdo, director general de dicha institución, bajo el título ‘Una política económica ortodoxa para revertir la desaceleración y reducir la incertidumbre’, señala que la economía mundial está sufriendo una desacelaración en los últimos semestres. España continuará creciendo en 2020 por encima de la media de la eurozona (1,2%), y la mayoría de las previsiones para 2021 dan por sentado que, pese al debilitamiento tanto de la demanda nacional como de la aportación de la demanda externa, la economía española crecerá también algo más que la eurozona. Estas previsiones relativamente optimistas prevén, no obstante, que el actual diferencial irá desapareciendo gradualmente en los próximos años.
Las previsiones macroeconómicas del IEE para España son del 2% en 2019, y de medio punto porcentual menos para 2020. La situación de empeoramiento económico será perceptible tanto en la evolución del consumo de las familias como de la inversión y en las exportaciones de las empresas. En consonancia con el debilitamiento de la actividad, se ralentizan también el ritmo de creación de empleo en el sector privado y la reducción de la tasa de paro, y empeoran el saldo por cuenta corriente y la productividad del trabajo.
Aun así, nuestro escenario macroeconomómico se basa en el mantenimiento de una política económica ortodoxa, ya que, si se revierten algunas de las reformas que tan buen resultado han dado, o se suben los impuestos sobre las empresas, el crecimiento del próximo año puede ser significativamente peor que el planteado en este informe.
El IEE señala que se debería de moderar el crecimiento del gasto público, acompañado de reformas del sistema fiscal orientadas a impulsar la inversión y la competitividad de las empresas. Este es el curso de acción más apropiado para frenar y revertir la desaceleración de la actividad económica e impulsar la creación de empleo. En concreto, sería deseable reducir la fiscalidad empresarial, y en especial reducir las cotizaciones sociales a los empleadores, un impuesto que eleva el coste laboral, reduce el empleo y merma la competitividad de nuestras empresas exportadoras. En la actual coyuntura resulta especialmente equivocado elevar la presión fiscal directa sobre sociedades y familias, o crear un nuevo impuesto sobre actividades financieras (tasa ‘Tobin’), que en el mejor de los casos reducirán la inversión y la creación de empleo.
El alto nivel de endeudamiento público actual, el 98,9% del PIB, nos coloca en una situación muy expuesta, bien porque la economía continúe desacelerándose, o bien porque se eleve el coste de refinanciar la deuda. No hay ninguna duda de que la elevada tasa de paro y el alto déficit público son los dos desequilibrios estructurales más graves de la economía española. Resulta prioritario y urgente acabar lo antes posible con el déficit público y trasladar a los mercados el mensaje de que España abandona la práctica de financiar el gasto público incurriendo en déficits.
A todo esto se suma la elevada inestabilidad política que genera una notable incertidumbre sobre el curso futuro de nuestra economía. El próximo Gobierno debería aprovechar la orientación expansiva de la política monetaria para implementar una política que alcance la estabilidad presupuestaria sin elevar los impuestos y mediante la vía del gasto, hasta equilibrar las cuentas públicas, antes de que se produzca un cambio de tendencia. El Gobierno debería revisar a fondo las partidas presupuestarias para eliminar todos los gastos improductivos, moderar el crecimiento del gasto corriente, poner en marcha reformas que permitan elevar la productividad de los servicios públicos y, en general, mejorar la eficiencia del gasto público, que es la gran reforma pendiente de nuestra economía.
Así mismo, hay que tener presente la preocupación ante una nueva recesión, que ha abierto un debate sobre el papel que las políticas monetarias y fiscales deberían jugar en esta delicada coyuntura, y sobre la pertinencia de afrontar reformas estructurales para elevar el crecimiento potencial a medio y largo plazo.
