La Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX) ha celebrado un nuevo Encuentro de Negocio de Extremadura (ENEX), una fórmula innovadora donde se reúne a empresas de distintos sectores para favorecer los contactos y sinergias entre ellas, y analizar la situación de cada uno de estos sectores, proponiendo soluciones conjuntas o específicas según la dimensión de la situación y los ámbitos afectados. Este sistema permite, además, que cada empresa pueda presentar al resto sus servicios y productos, lo que abre oportunidades de negocio.
En esta sesión, y aparte de los contactos, la reunión ha tenido un claro enfoque hacia los problemas derivados de las dos subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y su impacto en cada sector y empresa. En este sentido, no solo se han valorado las consecuencias en términos de incremento de costes laborales, sino que se ha analizado la corresponsabilidad que la Administración debe asumir.
“No tiene mucho sentido que la Administración, que es la que impone el SMI y exige a las empresas que se cumpla con ello, se inhiba en el coste que la subida supone para los contratos de prestación de servicios que mantiene con las empresas: si esos contratos se firmaron en unas condiciones, con unos costes asociados medidos, no puede ser que ahora suban los costes por imperativo legal y la Administración se niegue a revisar la cuantía del contrato. Si se cambian las reglas en mitad del partido, deben cambiar para todos, y la Administración tiene que ser corresponsable, o pone en peligro la propia viabilidad de lo firmado”, ha explicado Javier Peinado, secretario general de la CREEX.
Asimismo, se ha estudiado el panorama socioeconómico general y las perspectivas para este año. Ahí se ha incidido en la preocupación por la desaceleración económica, que anticipa un cierre de 2019 con un incremento del PIB del 1,9% y un 2020 donde el PIB crecerá del orden del 1,6%. Esta situación, junto al aumento de costes laborales y las incertidumbres en cuanto a cómo quedará la reforma laboral, puede suponer lastres añadidos para la productividad y la competitividad de las empresas, con la consiguiente repercusión en el empleo y la actividad económica.
También se ha visto con preocupación el análisis que apunta a que España no solo mantiene un alto nivel de deuda pública, sino que es muy difícil que en 2019 se hayan cumplido los objetivos de déficits, y más difícil aún que se cumplan en 2020 con los actuales presupuestos.
