La Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX) ha exigido “corresponsabilidad” a la Administración ante la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) por el impacto que tiene este coste añadido en los contratos públicos de servicios, suministros y obras firmados antes de que se produjese la subida.
“Los contratos públicos, muy numerosos en sectores como dependencia, limpieza o seguridad, se firmaron en base a unos costes determinados, entre los que están los costes laborales, y si ahora, por imperativo legal, esos costes han subido, lo lógico es que la Administración lo asuma y se revisen los contratos”, ha afirmado Javier Peinado, secretario general de la CREEX.
Según ha recordado, hay convenios que estaban por debajo del nuevo SMI, “y ahora, por una decisión del Gobierno, se incrementan los costes, es decir, salario y cotizaciones, de contratos que están en vigor, que se rubricaron según un cálculo de costes que ya no sirve, por lo que es de justicia que se adapten”.
Peinado ha explicado que sería paradójico que la Administración “que es la que impone a las empresas el nuevo SMI, ahora pretenda inhibirse cuando se trata de trabajadores que prestan su servicio en contratas públicas. Si se han cambiado las reglas de juego en mitad de partido, la Administración debe ser corresponsable”.
El secretario general de la CREEX ha indicado que muchos de esos contratos “son de sectores donde la subida del SMI tiene un fuerte impacto, y el Gobierno no puede ponerse de perfil, como hizo en la anterior subida, alegando que los contratos ya estaban firmados”, para añadir: “en efecto, estaban firmados, pero un cálculo de costes que ya no se corresponde con la realidad, y esos costes han subido por imperativo legal, no por responsabilidad de las empresas”.
Para el dirigente de la organización más representativa del empresariado extremeño “negarse a la corresponsabilidad y hacer recaer, de nuevo, el peso del incremento de costes sobre las empresas, puede acarrear que se pierda la rentabilidad prevista pactada en los contratos, y se entre en pérdidas, con las consecuencias que ello tendría para la viabilidad de las empresas, el empleo y la calidad en la prestación de los servicios contratados”.
