Un brindis al sol, diseñado para dar la sensación de que se está actuando, pero sin abordar los verdaderos problemas del campo. Esta es la visión que la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX) tiene sobre la reforma de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, según el Real Decreto Ley publicado ayer en el BOE.
Javier Peinado, secretario general de la CREEX, se ha mostrado tajante al apuntar que estas medidas “no solo no resuelven la cuestión, sino que, además, pasan la ‘patata caliente’ al productor, al agricultor y ganadero, que será el que tenga que responsabilizarse ahora de todo lo que ocurra”.
Según ha explicado Peinado, lo que ahora se recomienda es que exista un contrato entre productor y comprador, que reflejaría los costes de producción, por debajo de los cuales no podría venderse. Estos costes serían los derivados del proceso de producción, incluidos los laborales, “pero estamos en un mercado de libre competencia, ¿y qué ocurre entonces si el comprador no acepta el precio así fijado? El agricultor o ganadero tendría dos opciones: o se lleva el producto a casa y pierde todo lo invertido, ya que hablamos de productos perecederos, o bien acepta el precio ofrecido y ‘reajusta’ los costes, responsabilizándose de estar vendiendo por encima de los costes, aun cuando no sea cierto”.
La situación real sería, ha añadido, “que los costes de producción se fijarían al revés, primero se fijaría el precio de venta y en función de éste, el coste de producción, dejando al productor en la misma situación que ahora con el agravante de que ni siquiera podría quejarse”.
El secretario general de la CREEX ha indicado que el propio ministro Planas ha reconocido ya lo limitado de la medida, “puesto que afirma que el precio lo fijará el mercado, es decir, como ahora”, para agregar: “llama además la atención que se venda como gran logro la prohibición de venta a pérdidas, cuando eso ya estaba prohibido antes”.
FISCALIDAD Y COSTES LABORALES
El dirigente de la organización más representativa del empresariado extremeño ha comentado que la reforma legal deja de resolver una cuestión crucial, como es la falta de competitividad frente a productos de terceros países de fuera de la UE, una falta de competitividad marcada en gran medida porque la UE no exige a esos países que cumplan la misma normativa ambiental, de garantías de seguridad o trazabilidad que sí se exigen para los productos elaborados en los Estados miembro de la Unión Europea, lo que supone competencia desleal.
“Nada se dice de los costes laborales, cuya subida encarece el proceso muy por encima de la capacidad de negociación de los productores, y que lastra la productividad del factor trabajo, que es la base esencial del problema, puesto que el comprador, si se le incrementa este coste, optará por producciones foráneas donde este factor es sensiblemente menor, igual que lo son los costes derivados del cumplimiento de normas medioambientales, de trazabilidad o seguridad alimentaria, que no se exigen para los productos de fuera y sí para los de los países de la UE”, ha afirmado.
Otra cuestión que ni se recoge en la reforma de la ley es la fiscalidad que soportan los productores y, en general, todos los operadores de la cadena de valor. “Esta fiscalidad tiene un importante impacto en los costes reales, y no se puede eludir si de verdad se quiere resolver el problema, puesto que es otro elemento de pérdida de competitividad”.
Por ello, Peinado ha abogado por un análisis “realista y riguroso, que contemple aspectos como el incremento del coste laboral, arbitrando medidas para que las cuotas sociales se ajusten en aquellos sectores más afectados por la subida unilateral del salario mínimo interprofesional, y una fiscalidad especial para las actividades y territorios donde los costes tienen más impacto, es decir, en las zonas rurales, puesto que no se puede proclamar por un lado que se va a luchar contra la despoblación, y por otro, tomar medidas que lo que favorecen precisamente es el abandono de la actividad en las zonas más amenazadas por esa despoblación.
