El presidente del Instituto de Estudios Económicos, Íñigo Fernández de Mesa, y su director general, Gregorio Izquierdo, han presentado un informe dedicado a la eficiencia del gasto público en España, en un momento marcado por el elevado endeudamiento de su sector público.
En este contexto, conocer si los niveles de bienestar de nuestra sociedad se podrían haber alcanzado con una menor utilización de recursos públicos, o si el uso de los mismos hubiera podido mejorar las prestaciones actuales, puede ser considerado una de las prioridades de política económica.
Desde el IEE se ha desarrollado un indicador sintético propio, denominado Índice IEE de eficiencia del gasto público, diseñado a partir de indicadores internacionales de diferentes organismos internacionales y algunos investigadores. Se ha elaborado para los 36 países que integran la OCDE y para los agregados de la OCDE y de la UE. Está construido de tal forma que la OCDE tome el valor 100, para facilitar las comparativas. En este indicador, cuanto mayor es el nivel del índice mayor es la eficiencia del sector público del país al que hace referencia. España ha obtenido una puntuación de 87,4 puntos y se sitúa en la posición 26 de los países analizados, en la zona media-baja del ranking, que está liderado por países nórdicos y centroeuropeos. De este modo, España tiene un notable margen de mejora potencial en lo que a la eficiencia del gasto público se refiere. En concreto, debería crecer en un 4% respecto a la media de la UE, un 14% para situarnos en los niveles del promedio de la OCDE y hasta un 66% si el propósito fuese alcanzar al país que presenta las mejores prácticas (Suiza).
Con que se suprimiera una pequeña parte de la brecha de eficiencia, el saldo de nuestras finanzas públicas se podría situar en superávit desde el actual déficit sin subir los impuestos.
Para aumentar la eficacia y eficiencia del gasto público en España, hay que mejorar la asignación del gasto en las diferentes políticas y generar una mayor eficacia del gasto en cada una de ellas. Así, lo principal sería llevar a cabo una evaluación rigurosa y externa de las políticas públicas. En este sentido, destacan los trabajos de la AIRef, que ha iniciado un proceso de revisión del gasto para el conjunto de las Administraciones Púbicas, con la finalidad de detectar posibles ineficiencias y solapamientos entre Administraciones.
El documento recoge que existen importantes áreas de mejora, como es el caso de la educación. España presenta tasas de abandono escolar y resultados no acordes con su nivel de gasto, y se ha observado una mayor eficiencia en la esfera privada que en la pública. En relación con las políticas activas de empleo, la AIReF constata que algunos de sus programas no ofrecen los resultados esperados en cuanto a empleabilidad, mientras que, sobre la prestación de servicios de las Administraciones Locales, señala que el pequeño tamaño de algunos municipios no permite una mejoría en los costes.
Entre las buenas prácticas para contener el gasto público, España está acometiendo un notable proceso de digitalización de su sector público, que debería extenderse a todas las Administraciones. En el ámbito sanitario, en las Comunidades Valenciana y de Madrid se ha constatado que, mediante la gestión privada de hospitales, se logra un ahorro de costes próximo al 30% frente a los de gestión totalmente pública. Y también se podría mejorar la eficiencia a través de la reducción de la Administración paralela, es decir, racionalizar organismos públicos que operan bajo un escaso control. A nivel internacional, se indica que, en algunos países, una mejor evaluación de los empleados del sector público y la implementación de la retribución por objetivos han permitido mejorar el rendimiento de los mismos.
Por otra parte, la colaboración público-privada resulta ser un catalizador obligado de eficiencia en la Administración Pública. Es incuestionable que la externalización hacia el sector privado, por parte de estas Administraciones, es una fuente de ahorro para los contribuyentes y de mejora de la eficiencia asignativa, bien a través de la prestación de los servicios directamente por el sector privado, o a través de la adquisición de consumos intermedios o de la externalización o subcontratación de algunas tareas. La externalización permite aprovechar la mayor especialización y eficiencia de las empresas, lo que debería trasladarse a una mayor calidad en los servicios prestados, junto con un ahorro de costes para la Administración. La externalización de determinados servicios introduce una mayor flexibilidad, permitiendo respuestas más ágiles frente a una demanda puntual, específica o cambiante. España presenta unos ratios de externalización, tanto frente al PIB como frente al total del gasto público, sensiblemente por debajo de la media de la UE y de la OCDE. Además, se ha podido constatar la existencia de una correlación positiva entre el grado de externalización del sector público y el Índice IEE de eficiencia del gasto público, por lo que una mayor externalización por parte del sector público español es otra vía que contribuiría a mejorar su eficiencia.
Se debe efectuar una evaluación permanente del gasto público, de los recursos empleados y de los resultados obtenidos, no solo en el inicio de ellos sino en toda su etapa de implementación, acometiéndose la evaluación de aquellas partidas con un mayor peso en el gasto público. Es fundamental que el sector público esté bien gestionado y, en un entorno de recursos limitados, deben primarse aquellos criterios que permitan potenciar la mejora de la eficiencia en el gasto público.
Desde el IEE se proponen algunas recomendaciones para mejorar la eficiencia del sector público:
Debería llevarse a cabo una reflexión profunda sobre el modelo competencial entre Administraciones Públicas para mejorar su funcionamiento a través del estudio de las duplicidades entre todos los niveles de las Administraciones Públicas.
Sería deseable la realización de un ejercicio de benchmarking dentro de las Administraciones Local y Autonómica.
Habría que considerar la reducción del número de organismos, agencias y empresas públicas de las Administraciones Públicas.
Es fundamental realizar una evaluación permanente del gasto público y que esta se haga a través del criterio coste-beneficio.
Todos estos factores ayudarían a mejorar la productividad del sector público, y, por tanto, la competitividad de la economía española. Así mismo, España tiene la necesidad de acometer un proceso de consolidación fiscal, que no debe hacerse por la vía del incremento de los impuestos, ya que perjudicaría el crecimiento de la actividad y del empleo, sino mediante la mejora de la eficiencia en el gasto, que presenta un amplio margen de mejora, siguiendo las recomendaciones del IEE.
