El Centro de Coordinación Operativa Policial ha abordado las dudas las dudas suscitadas en relación a sectores como la construcción, el sector agrícola o la reparación de vehículos, que pueden mantener su actividad al no estar prohibidas pese a la situación de crisis por el coronavirus.
También se ha abordado el control de las fronteras con Portugal, donde permanecen abiertas las de Caya y Valencia de Alcántara, que se desarrolla con normalidad, así como el abastecimiento de supermercados y farmacias, que está asegurado.
En esta reunión, dirigida por la delegada del Gobierno en la comunidad, Yolanda García Seco, han participado también representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías locales, FEMPEX y Junta de Extremadura.
Ante las dudas suscitadas sobre algunos sectores, se ha recordado que ni en la construcción ni en el sector agrícola está prohibida la actividad laboral, incluso en los que se refiere a la venta y distribución de productos fitosanitarios, aunque con las medidas requeridas.
Otro asunto planteado ha sido el área de los talleres de reparación de vehículos, que podrán permanecer abiertos, dado que, entre otras razones, son "indispensables" al desarrollar una actividad esencial en la declaración de un estado de alarma.
Según ha informado la Delegación del Gobierno en un comunicado, estos talleres posibilitan la reparación de servicios de emergencias, bomberos, ambulancias y fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado en caso de ser necesarias, que "ahora más que nunca deben estar en las debidas condiciones de seguridad y mantenimiento".
Además, la apertura de estas instalaciones es esencial para el mantenimiento del servicio de transporte terrestre y la garantía en el suministro de productos y bienes de primera necesidad en las debidas condiciones de seguridad, así como para el mantenimiento de vehículos particulares.
También se ha abordado el control de las fronteras con Portugal, donde permanecen abiertas las de Caya y Valencia de Alcántara, que se desarrolla con normalidad, así como el abastecimiento de supermercados y farmacias, que está asegurado.
En esta reunión, dirigida por la delegada del Gobierno en la comunidad, Yolanda García Seco, han participado también representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías locales, FEMPEX y Junta de Extremadura.
Ante las dudas suscitadas sobre algunos sectores, se ha recordado que ni en la construcción ni en el sector agrícola está prohibida la actividad laboral, incluso en los que se refiere a la venta y distribución de productos fitosanitarios, aunque con las medidas requeridas.
Otro asunto planteado ha sido el área de los talleres de reparación de vehículos, que podrán permanecer abiertos, dado que, entre otras razones, son "indispensables" al desarrollar una actividad esencial en la declaración de un estado de alarma.
Según ha informado la Delegación del Gobierno en un comunicado, estos talleres posibilitan la reparación de servicios de emergencias, bomberos, ambulancias y fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado en caso de ser necesarias, que "ahora más que nunca deben estar en las debidas condiciones de seguridad y mantenimiento".
Además, la apertura de estas instalaciones es esencial para el mantenimiento del servicio de transporte terrestre y la garantía en el suministro de productos y bienes de primera necesidad en las debidas condiciones de seguridad, así como para el mantenimiento de vehículos particulares.
PETICIÓN DE PYMECON
Ante estas aclaraciones, en lo que a la construcción se refiere, la Federación Regional de la Pequeña y Mediana Empresa de Construcción y Afines de Extremadura, PYMECON, ha hecho público un comunicado en el que se indica: “ante la gravísima situación en la que nos encontramos fruto de la pandemia del coronavirus, esta Federación entiende que deberían paralizarse por Decreto obras de construcción, y en especial las de edificación, tal y como ya nos consta ha solicitado públicamente la APCE, Asociación de Promotores y Constructores de España”.
Ante estas aclaraciones, en lo que a la construcción se refiere, la Federación Regional de la Pequeña y Mediana Empresa de Construcción y Afines de Extremadura, PYMECON, ha hecho público un comunicado en el que se indica: “ante la gravísima situación en la que nos encontramos fruto de la pandemia del coronavirus, esta Federación entiende que deberían paralizarse por Decreto obras de construcción, y en especial las de edificación, tal y como ya nos consta ha solicitado públicamente la APCE, Asociación de Promotores y Constructores de España”.
Según se apunta desde PYMECON, ahora mismo, la salud y la seguridad de las personas es el principal objetivo a preservar por encima de todo, si bien no cabe duda de que cuanto antes podamos frenar los efectos del coronavirus, antes se podrá recobrar la normalidad de nuestras vidas y el pulso de la economía. Cuanto más tiempo pase, más severos serán los efectos del brote, incrementándose la pérdida de vidas, y adicionalmente mayor daño se infringirá a nuestra maltrecha economía, causando todo ello un daño irreparable.
Por este motivo que las obras pueden ser un gran foco de infección, por supuesto, unas más que otras, dependiendo si son cerrada o abiertas y de la fase en que se encuentren y de la ubicación, ya que para acceder a ellas hay unos traslados de personal que hay que realizar a diario, de modo que es muy difícil cumplir con las normas de transporte, a lo que hay que sumar ya la dificultad con las estancias, pues con hoteles y restaurantes cerrados, no hay lugares donde alojar a los trabajadores de los distintos oficios, que al estar tan escasa la mano de obra, acuden desde distintas regiones. La única medida que se ha adoptado en algunos tajos es establecer una jornada continua para no tener que comer en obra, ya que esta no reúne condiciones de salubridad, y ahora nuestra mayor obligación debe ser velar por la seguridad de nuestros trabajadores y sus familias.
Por otro lado, se añade, las empresas de construcción y afines se encuentran en la encrucijada de no poder unilateralmente paralizar las obras, ya que tienen firmados en muchos casos contratos que se lo prohíben expresamente y que conllevan penalizaciones.
“Hay numerosas empresas que no están en condiciones de garantizar la seguridad de sus trabajadores al carecer de los medios necesarios de protección (EPIs), las instalaciones de las obras y la obra en sí y existe en muchos casos desabastecimientos no solo de estos EPIs, si no que comienza a haber otros problemas de suministro de material necesario para ejecutar obras, a medida que avanza el periodo de confinamiento” indica PYMECON, y agrega: “Se han paralizado además los plazos administrativos y los registros de licitación digital y adicionalmente no se van a atender concursos de obras que estaban ya iniciados, amén de la cancelación de todas las mesas de contratación y de que no se van a tramitar facturas presentadas en los registros electrónicos con el consiguiente perjuicio. Será pues difícil emitir certificaciones mensuales para cobrar, ya que las empresas están incurriendo en gastos y posiblemente no cobren, dada la paralización en las grandes empresas y entes administrativos”.
Para el caso de que se trate de obras necesarias, que deban mantenerse, la organización exige protocolos de seguridad, sobre todo en obras menores, y, sobre todo, que las Administraciones abonen las facturas pendientes, “porque en estos momentos las empresas necesitan liquidez inmediata”.
