El análisis llevado a cabo por CEPYME a través de sus organizaciones estima que los ERTEs presentados, que no tramitados, hasta ahora afectan a casi 1,6 millones de trabajadores, de los que alrededor de 720.000 trabajadores corresponden a la pequeña y mediana empresa. Este dado pone de manifiesto que, a pesar de que la pyme representa el 99,8% de las empresas españolas y engloba al 75% del empleo (más de 12 millones de trabajadores), esta herramienta no resulta ser de extensa utilización. De hecho, tan solo está afectando al 5% del empleo de la pyme hasta ahora, por lo que preocupa que la adaptación de la pequeña y mediana empresa no se lleve a cabo a través de estas herramientas, sino que supongan su cierre definitivo.
A la vista de esta realidad, desde la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX) se ha apuntado que la situación es aún más crítica en Extremadura, donde las microempresas y autónomos constituyen la práctica totalidad del tejido productivo.
“Se ha habilitado una fórmula, la del ERTE, que puede, en el caso extremeño, solventar alguna situación particular en algunos casos, pero que no resulta de utilidad para afrontar la situación en la mayor parte de nuestro tejido productivo”, ha explicado Javier Peinado, para añadir: “el ERTE debe ser una herramienta, pero no ‘la’ herramienta, la única, porque si es así, habrá muchas microempresas y autónomos que no puedan acogerse, y se las llevará hasta su límite de aguante, provocando cierres y pérdida total y definitiva del empleo”.
Peinado ha abogado de nuevo por modificar el decreto que prohíbe los despidos por causas objetivas, que el Estado se haga cargo de salarios y cotizaciones derivadas de la suspensión de actividad por las nuevas restricciones en vez del denominado ‘permiso retribuido recuperable’ que solo carga con nuevos gastos a empresas ya sin ingresos, y que se imponga una exención, que no moratoria o aplazamiento, en las cuotas sociales e impuestos de pymes, microempresas y autónomos.
“El Gobierno de España debe decidir, y debe hacerlo ya, si quiere que de la crisis sanitaria salgamos con un tejido productivo dañado pero recuperable o con un tejido productivo irrecuperable que lleve al cese de actividad, el cierre de empresas, el desempleo definitivo y los trabajadores teniendo que recurrir al fondo de garantía salarial, con menos derechos y menos indemnizaciones”, ha concluido el secretario general de la CREEX.
LAS CIFRAS
Un 16,5% de las empresas (245.111 empresas) ha presentado un ERTE hasta ahora, de las que un 80% son pymes. La presentación de estos expedientes afectan por ahora al 11,8% de los trabajadores por cuenta ajena (1.592.030), de los que tan sólo se desprende que el 45% (720.000) corresponde a trabajadores de la pequeña y mediana empresa, según se desprende de un análisis estimativo llevado a cabo por CEPYME a través de la consulta a sus organizaciones territoriales miembro,que están manteniendo un seguimiento continuo sobre la tramitación del número de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de pymes que se están poniendo en marcha en cada territorio.
La medida de habilitar ERTEs por fuerza mayor puede incrementar la capacidad de adaptación de las empresas en estos difíciles momentos. No obstante, la implementación de dicha medida está resultando difícil, según transmiten las empresas envueltas en dichos procesos. Y, a pesar de las modificaciones introducidas la pasada semana para agilizar su trámite, la condicionalidad de la medida, la rígida duración de ésta, la falta de homogeneidad entre las diferentes Administraciones a la hora de aplicar la metodología o las distintas causas acreditativas para solicitar los ERTEs en una situación general de paralización de la actividad ocasionada por la crisis del coronavirus, entre otros motivos, hacen que resulte una herramienta altamente compleja sobre todo para las pequeñas y medianas empresas.
En cuanto a las principales dificultades encontradas por las empresas a la hora de tramitar un ERTE, las empresas manifiestan una gran incertidumbre hacia esta medida por la condicionalidad establecida de mantenimiento del empleo en un plazo tan acotado de tiempo. Por un lado, influye el hecho de que los ERTEs por fuerza mayor tan sólo sean válidos durante el periodo en el que esté en vigor el Estado de Alarma y también el compromiso de mantenimiento del empleo en un periodo en el que las expectativas de reanudación de actividad en las empresas estará condicionada por una reactivación de la economía en general. En este punto, desde la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa se hace cada vez más necesario ampliar la extensión de esta herramienta y ligarla con el aumento de la actividad empresarial y no sólo con el periodo de estado de alarma.
De forma paralela, muchas empresas destacan la falta de claridad en las causas por las que una empresa afectada por la crisis actual puede tramitar un ERTE en este momento. De hecho, nos han trasladado la denegación de numerosos ERTEs tramitados por fuerza mayor debido o biena que no cumplían los criterios exactos de esa causa o bien a problemas en la presentación de la documentación. En este punto, cabría señalar que la crisis del Covid-19 está suponiendo un parón horizontal de la economía que afecta a todos. Esta paralización de la actividad que afecta económica, productiva u organizativamente a muchas empresas, que quedan relegadas en estos momentos de poder acogerse a los expedientes por fuerza mayor, creando una fuerte discriminación entre las empresas afectadas todas ellas por esta situación.
Asimismo, las empresas se quejan de saturación del sistema de tramitación físico y electrónico, de la demora en la tramitación de los expedientes; la carga administrativa que supone para las empresas sobre todo de reducido tamaño, o las dificultades que se plantean en los ERTEs escalonados, en los que se van incorporando progresivamente nuevos trabajadores de una misma empresa o de diferentes centros de trabajo de una misma empresa, a la hora de incorporar a posteriori nueva documentación. Todos estos trámites suponen una gran carga para las pequeñas y medianas empresas que no tienen dentro de sus estructuras departamentos laborales ni financieros y que dependen por tanto de otras empresas externas que en estos momentos se encuentran saturadas. De hecho, es necesario poner en relieve que muchas de estas empresas dudan entre adaptar su empresa a esta situación u optar por el concurso de acreedores, una opción mostrada por muchos asesores financieros y gestorías de las pymes ante la incertidumbre de los próximos meses.
En lo que respecta a los ERTEs presentados, en valores absolutos son Comunidades Autónomas como Cataluña o Madrid las que copan los primeros puestos, si bien en términos relativos (%) el gráfico cambia sensiblemente y Comunidades como Castilla y León, Galicia y La Rioja figuran en los primeros puestos.
De manera similar, en cuanto al número de trabajadores afectados, en valores absolutos, son igualmente las Comunidades con más peso en el empleo las que muestran un mayor número de trabajadores afectados: Cataluña y Madrid, principalmente, aunque también Andalucía y Valencia. En términos relativos, la Comunidad Autónoma con mayor porcentaje de trabajadores afectados sería La Rioja, seguida por Cataluña y Galicia.
