La Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX) ha valorado positivamente las medidas adoptadas hoy por el Consejo de Gobierno extraordinario de la Junta de Extremadura, enfocadas al mantenimiento y recuperación del empleo, y el apoyo a microempresas y autónomos, así como las específicas para la reactivación del sector turístico regional.
Javier Peinado, secretario regional de la CREEX, ha destacado que, por una vez, se tiene en cuenta como beneficiarios a los autónomos societarios, que normalmente son excluidos de las ayudas, se trata de igual manera a las microempresas y autónomos con trabajadores, y también que la Junta, en virtud de los acuerdos del diálogo social, haya establecido una línea de ayudas a las contrataciones temporales de seis meses de duración.
“Hay que reconocer que tanto el Gobierno regional como los sindicatos han sido sensibles a los planteamientos de la CREEX, pese a que son contrarios a las ayudas para contratos temporales, pero han entendido que en la situación actual no cabe otra”, ha indicado el secretario general de la CREEX.
Peinado ha lamentado, sin embargo, que la cuantía, un total de 58 millones de euros, no sea la que se hubiese deseado “pero también entendemos la difícil situación de las arcas regionales, y se llega hasta donde se puede llegar”.
AYUDAS A LAS EMPRESAS Y LA CONTRATACIÓN
El plan de mantenimiento y recuperación del empleo, y ayuda a autónomos y microempresas consta de cinco programas. El programa I prevé ayudas para el mantenimiento del autoempleo en riesgo por el cese de actividad o por disminución significativa de ingresos derivada del estado de alarma o sus prórrogas (de 800 o de 300 euros por solicitante, en función de si ha habido o no cese de actividad), mientras que el programa II tiene como finalidad la reactivación y el mantenimiento del empleo de las personas trabajadoras asalariadas a cargo de personas trabajadoras autónomas o de microempresas, incluidas en expedientes de regulación temporal de empleo (950 euros).
El tercer programa está dirigido al relanzamiento del autoempleo de personas que han causado baja en el régimen de autónomos para el inicio de nuevas actividades (7.500 euros); y el programa 4 incluye ayudas urgentes destinadas a micropymes y personas trabajadoras autónomas para la contratación temporal de personas trabajadoras inscritas como demandantes de empleo (1.254 euros al mes durante 6 meses).
Además, el quinto programa está destinado al mantenimiento de la plantilla de personas trabajadoras con discapacidad en los centros especiales de empleo tras la finalización del estado de alarma (300 euros al mes por trabajador durante 6 meses); y el programa VI a las personas trabajadoras por cuenta ajena afectadas por expedientes de regulación de empleo temporales por motivo de la paralización de la actividad económica.
SECTOR TURÍSTICO
Respecto a sector turístico, el decreto ley aprobado hoy establece ayudas para la financiación de préstamos a empresas turísticas para paliar los efectos que está provocando la pandemia del COVID-19.
Con esta línea de ayudas, dotada con dos millones de euros, se pretende dotar de liquidez a las empresas turísticas radicadas en Extremadura con más de cinco años de actividad, facilitando el acceso a la financiación bancaria de los autónomos y pymes mediante la subsidiación de los intereses generados por préstamos formalizados por las citadas empresas.
Las ayudas permitirán que los intereses aplicados por las entidades financieras en las líneas de financiación no tengan coste para las empresas, todo ello con el objetivo de paliar los efectos que está provocando la pandemia del COVID-19 y el cese de actividad del sector turístico por las medidas de distanciamiento social.
Concretamente, las ayudas financiarán los intereses de préstamos de hasta 20.000 euros por solicitud y destinatario, y por un mínimo de 3.000 euros, con un tipo de interés fijo máximo del 2 por ciento.
De este modo, la Junta de Extremadura pretender favorecer el desarrollo de uno de los sectores productivos más dañados por las medidas preventivas y recomendaciones de distanciamiento social y que han afectado a la movilidad, a la celebración de todo tipo de eventos, viajes y actividades de ocio, viéndose obligados muchos negocios y establecimientos a cesar en su actividad.
Así, el tejido empresarial turístico extremeño ha sido el que más Expedientes de Regulación de Empleo ha formalizado ante la autoridad laboral de la región, por lo que están en riesgo miles de empleos en este momento.
Las medidas se dirigen a todo el sector turístico, incluyendo empresas de intermediación turística (agencias de viajes, centrales de reservas y organizadores profesionales de congresos); empresas de actividades turísticas alternativas; alojamientos turísticos hoteleros; alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos turísticos, albergues turísticos y campamentos de turismo); casas rurales, hoteles rurales; restaurantes, cafeterías, bares, empresas de catering y salones de banquetes; así como balnearios.
Durante la crisis del COVID-19 la Junta de Extremadura está atendiendo al sector turístico con medidas de asesoramiento al sector que se llevaron a cabo desde el inicio del estado de alarma, como el cierre ordenado de los 13.500 establecimientos turísticos de la región; y la posterior puesta en marcha de la Red de Establecimientos de Guardia, que dan alojamiento a trabajadores y trabajadoras de sectores esenciales de actividad sociosanitaria y económica.
A día de hoy, esta red cuenta con 65 alojamientos de diferente tipología (hoteles, hostales, apartamentos, alojamientos rurales, entre otros) con una oferta de 1.246 plazas en 49 localidades de la región.
La Dirección General de Turismo ha atendido, desde el 16 marzo al 21 de abril, 320 consultas turísticas que incluyen, entre otros motivos, cancelaciones, ERTES y viajes combinados.
Asimismo, en las últimas semanas ha puesto en marcha un servicio a las empresas con motivo del COVID-19 donde los servicios técnicos de la Dirección General se centran en la ayuda y el asesoramiento empresarial.
AGRICULTURA
Además, en el ámbito de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, el decreto ley incluye subvenciones dirigidas a la mejora de la gestión integral de las Comunidades de Regantes y a la mejora de la profesionalización de las entidades de economía social.
Por una parte, se destina un presupuesto de 3,6 millones en ayudas a la mejora de la gestión integral de las Comunidades de Regantes establecidas en zonas regables de iniciativa pública, así como de las Asociaciones de Comunidades de Regantes y Comunidades de Usuarios de Aguas (Comunidades Generales o Juntas Centrales de Usuarios).
La medida va dirigida, de forma directa, a la contratación de personal técnico, personal de campo especializado o personal administrativo, a la compra de medios materiales, equipamientos informáticos y de comunicación, así como a la adquisición de aquellos bienes inmuebles necesarios para la óptima gestión de las entidades solicitantes, todo ello en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2014 – 2020 financiado por el FEADER.
En segundo lugar, se destina un presupuesto de 1,2 millones de euros al fomento de la contratación de personal cualificado y de gestión administrativa en las empresas de economía social, así como al mantenimiento de puestos ya existentes, con el fin de profesionalizar más este sector. El límite de las ayudas será de 10.000 euros en localidades de más de 5.000 habitantes y de 12.000 euros en las de menos de 5.000 habitantes.
Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las sociedades cooperativas y las sociedades laborales inscritas en los correspondientes registros, si bien quedan exentas las de crédito, las de seguros y las Empresas de Trabajo Temporal.
También en el ámbito de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, se establecen modificaciones en el cumplimiento y la acreditación de los requisitos y condiciones relativas a las subvenciones LEADER vinculadas al ámbito de la Secretaría General de Población y Desarrollo Rural, cuya ejecución y justificación pueda resultar imposible o no pueda llevarse a cabo en sus propios términos a consecuencia de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 y el estado de alarma declarado.
De este modo, en las ayudas acogidas a la metodología LEADER se flexibiliza el compromiso de mantenimiento y creación de empleo para nuevas convocatorias, con el objetivo de seguir modernizando y creando nuevas empresas.
