El BOE de hoy publica el Real Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros por el que se prorrogan, hasta el 30 de septiembre de 2020, las medidas extraordinarias para promover el empleo temporal agrario, contempladas en el Real Decreto-Ley 13/2020, que establecía su vigencia hasta el 30 de junio. Unas medidas que permitirán garantizar la disponibilidad de mano de obra, para hacer frente a las necesidades de agricultores y ganaderos, ante las limitaciones sanitarias a la movilidad de trabajadores de otros países que realizan labores agrarias como temporeros, como consecuencia de la COVID-19. Un sector fuertemente estacional, sujeto a las necesidades de los ciclos productivos de cada una de las cosechas, que precisa de mayor mano de obra entre finales de marzo y de septiembre coincidiendo con varias de las campañas de mayor actividad e importancia, como la fruta de hueso o los cultivos de verano.
Desde la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX) se ha considerado ‘lógica’ esta ampliación, a pesar de reconocer las tensiones y asimetrías que en el mercado de trabajo está generando, puesto que de otro modo corrían peligro las campañas y, por tanto, la cadena de suministros de productos básicos a la población.
“Sin la posibilidad de contratar mano de obra foránea, hay que hacer posible que los trabajadores que ahora se encuentran en situación de desempleo puedan acudir a las campañas sin perder la prestación, y la limitación que existía hasta el 30 de junio dejaba a medias o incluso sin empezar algunas de las campañas agrícolas”, ha explicado Javier Peinado, para añadir: “es de suponer, también por pura lógica, que esta ampliación supone también una declaración de intenciones respecto a la ampliación de vigencia de los ERTE más allá del 30 de junio, como venimos reclamando dentro del diálogo social”.
CADENA ALIMENTARIA
El objetivo de esta prórroga es asegurar la recolección y garantizar el abastecimiento de toda la cadena alimentaria para que se mantenga, como hasta ahora, el flujo productivo y que lleguen los productos al consumidor final, sin merma de cantidad y calidad en el abastecimiento de la población.
El Real-Decreto Ley hoy aprobado establece también para las empresas y los empleadores, la obligación de comunicar a los servicios públicos de empleo autonómicos, en el plazo de los diez días hábiles siguientes a su concertación, las contrataciones cuya vigencia se acuerde prorrogar, indicando la nueva fecha de finalización.
Para asegurar la correcta aplicación de la normativa, las delegaciones y, en su caso las subdelegaciones del Gobierno establecerán los mecanismos de coordinación precisos con el Servicio Nacional de Empleo, comunidades autónomas y agentes sociales.
Con la aprobación en Consejo de Ministros de esta prórroga, se permite mantener la renta de la población que más lo necesita y mejorar las condiciones sociolaborales de la población, al compatibilizar la percepción de prestaciones con un salario en el campo.
Unas medidas que han asegurado ya el mantenimiento de la actividad de muchas explotaciones, ayudando a paliar la falta de personal detectada sobre todo en el sector frutícola en diversos lugares de España, por lo que se hace necesario ampliar el marco temporal de aplicación la norma.
