La Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX) ha insistido en que se seguirá peleando por abrir la posibilidad de que, en determinadas circunstancias, y según tamaño, sector y ubicación, las empresas puedan prorrogar los ERTE “al menos, hasta final de año”.
Igualmente se volverá a plantear una ampliación en la exoneración de cuotas empresariales a la Seguridad Social, para permitir que las empresas tengan cierto respiro a la hora de encarar la recuperación.
El pasado sábado, el BOE publicaba el Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial, tras el pacto in extremis entre Gobierno, CEOE, CEPYME y los sindicatos.
Javier Peinado, Secretario General de la CREEX, ha recordado que se trató de un acuerdo “de mínimos”, forzado por el calendario “ya que los actuales ERTE caducan mañana, 30 de junio, y si no se llegaba a algún tipo de acuerdo, el 1 de julio empresarios y trabajadores se verían completamente desprotegidos, en un entorno de incertidumbre e inseguridad jurídica”.
A partir de ahora, ha continuado Peinado, lo que se va a tratar es de abrir un periodo para que este pacto de modifique y mejore: “no es de recibo que se ‘castigue’ con menos exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social a las empresas que no pueden aún recuperar a sus trabajadores, porque la actividad no da para más en este momento, ni que se ofrezca como ‘incentivo’ la exención parcial a quienes recuperen a sus trabajadores, que puede ser positiva, pero no para recuperar el empleo, porque si un empresario no incorpora a trabajadores no es porque no quiera, sino porque no puede”.
El Secretario General de la CREEX ha criticado también las trabas a que se realicen horas extra o se contrate a personas mientras se tengan trabajadores en ERTE: “estas medidas revelan un desconocimiento absoluto del funcionamiento de las empresas y un nuevo argumento en el desprestigio de la actividad empresarial. Que puntualmente una empresa necesite que algunos trabajadores realicen horas extra, o que precisen cubrir determinadas funciones que no pueden realizar trabajadores que están en ERTE, entra dentro de la lógica: ni la excepcionalidad de la hora extra ni la necesidad de un determinado perfil de trabajador suponen un uso indebido de las posibilidades que ofrece la ley laboral, son circunstancias de producción de cada empresa que el Gobierno debería haber respetado”.
Asimismo, ha cuestionado el trato que se le da a los trabajadores autónomos, “que también ven mermadas sus exenciones y prestaciones, con nuevas condiciones que no tienen en cuenta que es imposible que se hayan recuperado tras semanas y semanas de inactividad, y que esa falta de ingresos la siguen arrastrando, y más aún cuando aún existen condiciones y restricciones en las actividades productivas”.
Todas estas cuestiones, unidas al hecho de que “por desgracia” no es previsible ni de lejos que a 30 de septiembre el tejido productivo se haya recuperado, justifican, a juicio de Javier Peinado, que se abra una nueva negociación. “En esta negociación el Gobierno debería mostrar un poco más de empatía y conocimiento de la realidad empresarial, sabemos que para la Hacienda pública es costoso mantener los ERTE, pero más costoso sería llevar a las empresas a la asfixia y que cierren, porque entonces ni tendríamos empresas que generasen actividad e ingresos a las arcas públicas ni trabajadores con empleo, sino desempleados cobrando prestación. Esta es la cuenta que debería echar el Gobierno, asumiendo de una vez algo que parece tan lógico y sin embargo se ve que es difícil de entender para algunos: sin empresas no hay empleo, y sin empleo, sin actividad, no puede mantenerse el Estado del Bienestar”.
