El Secretario General de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX), Javier Peinado, ha enfatizado que, a 30 de junio, quedan 17.942 trabajadores en la región afectados por ERTE, lo que supone una disminución de más del 55% respecto a los casi 40.000 de abril. “Los empresarios estamos demostrando nuestro compromiso, y las ganas de hacer lo que mejor sabemos, trabajar, crear empleo y contribuir al progreso económico de Extremadura. Así, pese a la difícil situación a la que aún nos enfrentamos, con muchas incertidumbres en el horizonte, los empresarios estamos arriesgando, poniendo en marcha la actividad lo antes posible, en un esfuerzo que no se ve correspondido desde el Gobierno, que nos ‘premia’ con medidas restrictivas, incertidumbres y mermas en las exoneraciones de cuota que no se corresponden con la situación actual”, ha explicado.
Javier Peinado ha advertido que el tejido productivo “está, por desgracia, muy lejos de recuperarse, de superar los lastres de la prolongada inactividad y las restricciones, y no sería de extrañar que muchas empresas que han salido total o parcialmente de los ERTE, tengan que volver a recurrir a esta fórmula o, incluso, a medidas más traumáticas si desde el Ejecutivo nacional se nos siguen poniendo palos en las ruedas que pueden abocar a estas empresas y autónomos al cierre definitivo, con todo lo que ello supone”.
CONTINÚAN LAS INSPECCIONES DE TRABAJO
Por otro lado, y con respecto a las inspecciones que se están llevando a cabo por los ERTE, el dirigente de la organización más representativa del empresariado extremeño ha señalado que “nos parece razonable y adecuado que la Inspección de Trabajo actúe para prevenir y castigar cualquier irregularidad relacionada con los ERTE, puesto que hay que velar por el buen uso del dinero público, que es dinero de todos, y porque además quienes mantienen de manera fraudulenta a trabajadores en ERTE que ya están trabajando incurren en competencia desleal. Lo que no vemos tan lógico es que estas acciones de la Inspección de Trabajo se sume una carga burocrática innecesaria para empresas y autónomos, obligando a presentar un buen número de documentos que ya están en poder de la Administración, en vez de coordinar departamentos de las distintas Administraciones sin restar tiempo de trabajo productivo en una cuestión que se resolvería actuando de oficio con la debida comunicación interna en los organismos que tienen competencias de Trabajo”.
El Secretario General de la CREEX ha apuntado que esta sobrecarga burocrática “viene además en un momento muy complejo, donde las empresas y autónomos están intentando recuperar la actividad y sus relaciones con clientes y proveedores, a la vez que asumen nuevas normas que salen casi cada día sobre medidas para evitar contagios en los lugares de trabajo y locales públicos”.
Otra cuestión que ha criticado Peinado es que los términos en que se transmite a la sociedad este tipo de campañas inspectoras “suponen, de nuevo, la demonización del empresario, en vez de dignificar y reivindicar su labor, que permite crear empleo y sostener el Estado del Bienestar; se están incluyendo expresiones que trasladan la impresión de que existe un fraude generalizado, cuando lo que está generalizado es el esfuerzo de miles de empresarios por mantenerse a flote, que es lo que se debería contar a la sociedad”.
