Como un mal menor ante una propuesta que sería catastrófica para el tejido productivo en regiones como Extremadura. Así se valora desde la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX) el acuerdo entre Gobierno, empresarios y sindicatos para subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 950 euros.
“Lo asumimos con resignación, porque era un acuerdo al que había que llegar, para despejar incertidumbres en algo que necesita estabilidad, como es la economía, el empleo y la sostenibilidad de las empresas, pero también con preocupación, porque somos conscientes de que quizá en otros lugares no tenga mucho impacto, pero en Extremadura, sí, habrá muchos sectores afectados porque sus convenios se sitúan ahora por debajo del SMI, y es imposición legal reformarlos, lo que tendrá impacto en la productividad del factor trabajo y, por tanto, en la competitividad de las empresas”, ha resumido Javier Peinado, secretario general de la CREEX.
Peinado ha añadido que la subida no es positiva “y a nadie se le escapa que el trasfondo que se busca es incrementar los ingresos, vía cotizaciones, de la Seguridad Social, lo que puede ser legítimo; sin embargo, hacerlo así, de manera brusca atenta contra el mercado de trabajo y no es lo más positivo”.
El secretario general de la CREEX ha explicado que era necesario despejar incertidumbres: “en Extremadura, por ejemplo, teníamos la situación del convenio del campo, cuya vigencia concluía el 31 de diciembre pasado, y que por responsabilidad de las organizaciones empresariales y sindicales se prorrogó seis meses, precisamente por las expectativas de nuevas subidas del SMI. No tenía sentido un acuerdo sobre la base del 2019 sin saber qué subida habría en 2020”.
Por ello, ha insistido en que el acuerdo es el “menos malo, y vuelve a demostrar lo que decimos muchas veces: en ocasiones, las organizaciones empresariales no valemos por lo que conseguimos, por desgracia, sino por lo que evitamos, como es el caso, porque una subida a mil euros hubiera sido una catástrofe”.
REVISAR LOS CONTRATOS PÚBLICOS
Peinado no ha querido entrar a valorar cuestiones como la pretensión de subir el SMI a 1.200 en esta legislatura, “que es algo que el Gobierno está diciendo a la ciudadanía, pero que no se ha planteado en la mesa de diálogo social, y si se plantea, habrá que ir viendo”.
Sí ha señalado que, aparte del campo, sectores como el de la dependencia, servicios de limpieza o vigilancia pueden verse afectados muy negativamente por la subida. “Curiosamente, se trata de sectores donde muchas contrataciones son públicas, las ha hecho la Administración, y tenemos que ver la corresponsabilidad para que se asuma esta subida, este incremento de costes, que no figuraba en el contrato”, ha apuntado, para agregar: “en la anterior subida, el Gobierno se puso de perfil y no quiso saber nada, alegando que los contratos ya estaban firmados, pero no se pueden cambiar las reglas en mitad del partido, en contratos que a veces son plurianuales, y que se pactaron con unos costes que ahora se incrementan por imperativo legal. Esperamos que en esta ocasión, Gobierno y sindicatos sí se den cuenta de que hay que tener esa corresponsabilidad”.
Otro sector, aunque no estrictamente empresarial, que se verá afectado es el del servicio doméstico. “Muchas personas tienen contratadas a personas como empleadas del hogar. Son, podríamos decirlo así, empresarios subliminales, y esta subida va a tener un impacto claro en esos empleos”, ha advertido el dirigente de la organización más representativa del empresariado extremeño.
REFORMA LABORAL
Finalmente, Peinado ha hecho referencia a la intención declarada del Gobierno de derogar o modificar la reforma laboral.
“Dependerá de lo que se pretenda. Estamos dispuestos a hablar de todo, porque seguramente habrá que cambiar cosas para adaptarla a unos tiempos cambiantes, pero cambiar para mejor, no para perjudicar. Siempre nos encontrarán dispuestos a hablar, pero si la postura del Gobierno es el ‘sí porque sí’, echarla abajo sin valorar aspectos positivos y negativos, sería un error”, ha manifestado.
En este sentido ha asegurado que hasta ahora existe un compromiso de llevar cualquier cambio a la mesa de diálogo social. “Esperemos ser escuchados, aunque otra cosa es que nos hagan caso, porque está claro que el diálogo social está dopado, ya que el Gobierno coincide con más postulados del sector sindical que con los de los empresarios, y eso se ha puesto de manifiesto en la negociación de ayer, donde tuvimos que aceptar un acuerdo que no nos gusta pero al menos paraba la vía unilateral”, ha concluido.
