La Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX) ha lamentado la decisión del Gobierno de España de recurrir de nuevo al decretazo, y no al diálogo, tras la derogación hoy por el Consejo de Ministros del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, concebido para luchar con el absentismo laboral, que supone un coste para la sociedad española de 85.000 millones de euros al año.
“Poco ha durado la voluntad manifestada por el Gobierno de consensuar con los agentes económicos y sociales las medidas”, ha indicado Javier Peinado, secretario general de la CREEX, para añadir: “además, se emprende este camino con una falsa excusa, diciendo que el artículo vulnera derechos fundamentales, ¿cómo se puede sostener esto cuando el propio Tribunal Constitucional lo ha avalado, un tribunal que es garante precisamente de esos derechos?”.
Peinado ha recordado que, contra lo transmitido a la opinión pública, el artículo 52 “no faculta al empresario a despedir porque un trabajador enferme, tienen que darse una serie de condicionantes añadidos: bajas reiteradas e intermitentes en periodos de dos meses y en el año anterior, que no sea enfermedad o accidente laboral, ni secuelas de tratamientos por enfermedad grave, ni lactancia, maternidad, riesgo en el embarazo, parto, secuelas de violencia de género, etcétera. Es decir, tiene un uso muy limitado, para combatir el fraude”.
El secretario general de la CREEX ha continuado señalando que desde las organizaciones empresariales “siempre nos hemos mostrado dispuestas al diálogo, a mejorar, a introducir más garantías si se precisan y a que se modifique el sistema sanitario para agilizar las altas y las esperas para pruebas diagnósticas, y a cambio de ello lo que recibimos es un decretazo”.
Asimismo, el dirigente de la organización más representativa del empresariado extremeño se preguntó cuántos despidos ha habido invocando este artículo. “¿Por qué se hacen públicas las cifras, para que se vea que la aplicación, por las propias limitaciones que impone, ha sido muy escasa? ¿Por qué no se analiza el impacto antes de actuar unilateralmente y dejar al empresariado a merced de los defraudadores, y a la sociedad asumiendo un coste de miles de millones? No, se prefiere gobernar a base de medidas populistas, sin diálogo, sin análisis”.
LO QUE SE VIENE
Peinado ha indicado, además, que se abre una vía muy peligrosa para la seguridad jurídica en la creación y mantenimiento del empleo. “El Gobierno ya ha puesto la mira en otros aspectos de la reforma laboral y, vistos los precedentes, nos tememos lo peor”.
Entre estos aspectos figuran eliminar la prórroga limitada de los convenios, “que desequilibra la negociación colectiva, puesto que prorrogar sine die un convenio caducado resta capacidad de adaptación a las empresas, y lo deja todo en manos de la otra parte, que puede bloquear la renovación de convenios indefinidamente”, y derogar la primacía del convenio de empresa sobre el sectorial, “una medida que eliminaría la posibilidad de que la empresa flexibilizase las condiciones en situaciones adversas, abocándola al cierre o al despido de trabajadores”.
“Ni amparar el fraude ni impedir que las empresas puedan adaptarse a las situaciones que sobrevengan beneficia a los trabajadores, eso es falso, lo que hace es lastrar la creación de empleo, eliminar expectativas de todas esas personas que están en el paro, y además puede provocar el cierre de empresas, y sin empresas no hay empleo”, ha apuntado Javier Peinado, para agregar: “parece que el Gobierno es impermeable a la evidencia, y no le importa que el FMI apunte a que la reforma laboral ha permitido crear empleo en tiempos muy difíciles, ni que la temporalidad, otro argumento que se utiliza falazmente, haya crecido desde la aplicación de la reforma en el sector privado en apenas siete décimas, del 25% al 25,7%, habiéndose creado por las empresas en este periodo 2,3 millones de empleos, de los que 1,5 millones son indefinidos”.
